Santo Domingo.- El presidente de la filial Los Mina, de la Comisión de los Derechos Humanos (CNDH), pidió a la Suprema Corte de Justicia (SCJ), investigar a los jueces del Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de Puerto Plata que condenaron a 20 años de prisión a un ex oficial policial sin pruebas que sustentaran la acusación de que había sustraído los casquillos de bala donde se produjo un doble homicidio, mientras que descargaron al sindicado como autor intelectual de ese hecho de sangre y propietario de la jeepeta utilizada por los presuntos sicarios durante el crimen perpetrado el 1 de marzo del 2006, en Puerto Plata.
Ochar G. Santana dijo que le fueron entregados vídeos y la sentencia 00051/2011, dictada el 16 de marzo del 2011 por ese tribunal judicial mediante la cual fue enviado a prisión el ex segundo teniente Luis Rafael Fermín Cabrera y absuelto Regino Martínez propietario de la yeepeta utilizada por los sicarios para darle seguimiento a Aladino Acevedo Díaz y desde cuyo vehículo lo mataron junto al ingeniero Engels Alberto Sarita Almeyda, y resultó herido Leocadio Núñez. Los tres estaban frente a un edificio propiedad de Acevedo Díaz en la avenida Manolo Tavarez Justo.
Indicó Santana que el ex oficial de la Policía fue acusado de sustraer los casquillos de bala de la escena del referido crimen por declaraciones del sargento Miguel Alfonso Pozo. “Sin embargo, sabemos que Pozo dijo que entregó los casquillos a Fermín Cabrera frente a un centro médico donde fueron llevados los cadáveres y el herido, después indicó que los recogió de la escena del crimen y los guardó en una gaveta del vehículo de Fermín Cabrera y en otro interrogatorio explicó que vio a un hombre moreno entregarle los casquillos de bala a Fermín Cabrera”.
Explicó Santana que un testigo del proceso le informó que Fermín Cabrera nunca tuvo acceso a la escena del crimen ya que era encargado de Delitos Monetarios en Puerto Plata y fue enviado en compañía del sargento Pozo por el coronel Francisco del Rosario Santos (Sasi), director de Investigaciones Criminales, pero no se desmontaron del auto porque no había ninguna autoridad y los cadáveres y el herido habían sido trasladados a un centro médico. “La Suprema Corte de Justicia tiene que poner en libertad a este ex oficial que está preso en la cárcel ubicada en Najayo, San Cristóbal, para que prepare su defensa”, consideró.
Adujo que todo indica que a Fermín Cabrera le violentaron su derecho de defensa ya que fue condenado por presuntamente haber violado los artículos 59, 60, 295 y 404 del Código Penal Dominicano sin que el referido tribunal le advirtiera que había cambiado la calificación jurídica, pues en principio fue sometido por violación de los artículos 2, 265, 266, 295, 296, 297, 298, 302 y 304 del referido texto legal. “Por esta y otras decisiones contenidas en la sentencia hemos podido determinar que se violentó el debido proceso y la Constitución de nuestro país”, dijo Santana.
Indicó que la SCJ deberá determinar que motivó a los jueces de Puerto Plata a liberar a Regino Martínez a pesar de que los familiares de Aladino Acevedo Díaz revelaron que éste, en vida, les aseguró que supuestamente Martínez le había pagado a sicarios para que lo asesinaran, lo cual también le fue informado al coronel Francisco del Rosario Santos (Sasi).
El Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de Puerto Plata rechazó alegatos de los familiares de Aladino acusando a Regino Martínez pero acogió testimonios de los testigos que no incriminaron a Martínez, entre los cuales estuvo Nathanael Basilio Cruz. Pero resulta que tengo en mi poder copia de un recibo del 09-03-2011 donde una persona de nombre Juan Francisco Rguez (como está escrito en el recibo), le estaría entregando RD$5,000 al interno Natanael Bacilio”, acotó Santana.
El presidente de la filial Los Mina de la CNDH consideró que la SCJ deberá profundizar las investigaciones en este caso porque el nombre de la persona que le estaría entregando los cinco mil pesos al interno “Natanael Bacilio” (como está escrito en el recibo), se llama igual que quien era el fiscal adjunto de San Francisco de Macorís señor Juan Francisco Rodríguez y quien actuó como fiscal adjunto de Puerto Plata al frente de la investigación de este doble asesinato” concluyó el presidente filial Los Mina, en Santo Domingo Este, de la CNDH.
Por Tito Valenzuela
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