SANTO DOMINGO.-Diecisiete organizaciones de consumidores y de la Sociedad Civil reclamaron este lunes al Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, Pro Consumidor, la entrega de la relación de instituciones de servicios y financieras que a la fecha no han registrados los contratos de adhesión. Las Organizaciones de Santo Domingo, Moca, Mao, Navarrete, Santiago, Samaná y San Francisco de Macorís se presentaron a las instalaciones de Pro consumidor solicitando la entrega inmediata de los nombres de las empresas del área financiera y de servicios que se niegan a entregar los contratos de adhesión.
De su lado la directora de Pro Consumidor, licenciada Altagracia Paulino remitió a las organizaciones a solicitar la información requerida a través de la Oficina de Acceso a la Información (OAI).
Paulino dijo que las organizaciones de consumidores deben cumplir con la Ley de Acceso a la Información para requerir ese tipo de información, como lo dispone la Ley 200-04.
Las organizaciones se presentaron a las instalaciones de la entidad defensora de los consumidores, portando pancarta alusiva a sus reclamos y vociferando consignas "que entreguen los contratos a Pro Consumidor". Los reclamantes entregaron un documento a la directora de Pro Consumidor en la que solicitan una relación de las instituciones proveedoras de bienes y servicios, que a la fecha no han remitido los contratos de adhesión o formularios que utilizan para realizar sus negocios con la finalidad de iniciar acciones de amparo por ante el Tribunal Superior Administrativo, en procura de que se le obligue hacerlo por la mediante sentencia.
El documento fue recibido por la subdirectora de Pro consumidor, licenciada Rita Gonzáles y la encargada de Educación de la entidad, Alba de Moya. La directora de Pro Consumidor, al reunirlos en el salón multiuso de la entidad, agradeció el gesto de asumir con responsabilidad el derecho democrático de reclamo.
Al entregar el documento, Alfonsina Cuesta, vocero de las organizaciones de consumidores, manifestó que ese pedido se fundamenta en el mandato contenido en el párrafo uno del artículo 81 de la Ley 358-05 de fecha 9 de septiembre del 2005.
Dijo que ese artículo establece que los contractos deberán ser remitidos a la dirección ejecutiva de Pro Consumidor y recordaron que el artículo 2 de la ley 358-05 establece que las disposiciones referentes al derecho de los consumidores y usuario son de orden público.
Indicaron que la Constitución de la República en su artículo siete consagra la existencia de un Estado Social y Democrático de Derecho basado en el respecto a la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos. En el documento refiere tomar en cuenta que la Constitución en su artículo 111 establece de manera contundente que las leyes relativas al orden público, como lo es la Ley 358-05 obliga a todos los habitantes del territorio y no pueden ser derogadas por convenciones particulares, colocándola por encima de leyes ordinarias y leyes orgánicas Entre las organizaciones figuran la Asociación de Consumidores del Cibao (ADECONCI), Asociación y Usuarios de Santiago (ADECUPSA), Asociación de Consumidores de Moca ( ADEMOCA), Fundación por los Derechos del Consumidor (FUNDECOM), Asociación de Consumidores de Mao (ADECUMAO), Asociación de Consumidores de Navarrete (ADECONA), Comisión de Salud y Seguridad Social de Foro Ciudadano.
Además la Asociación de Consumidores de San Cristóbal (ADECONUSC), Asociación Dominicana para la Educación y Protección del Consumidor (ADEPROCO) Asociación de los Derechos del Consumidor del Distrito Nacional (ASOCODINA), Asociación de los Derechos del Consumidor (ADECOCI), Asociación de Consumidores de Los Alcarrizos (ADECUA), Asociación de Consumidores Y Usuarios de Samaná (ADECUS) Coordinadora de Consumidores y Usuarios de San Francisco de Macorís y la Fundación Pro Bien, entre otras.
De su lado la directora de Pro Consumidor, licenciada Altagracia Paulino remitió a las organizaciones a solicitar la información requerida a través de la Oficina de Acceso a la Información (OAI).
Paulino dijo que las organizaciones de consumidores deben cumplir con la Ley de Acceso a la Información para requerir ese tipo de información, como lo dispone la Ley 200-04.
Las organizaciones se presentaron a las instalaciones de la entidad defensora de los consumidores, portando pancarta alusiva a sus reclamos y vociferando consignas "que entreguen los contratos a Pro Consumidor". Los reclamantes entregaron un documento a la directora de Pro Consumidor en la que solicitan una relación de las instituciones proveedoras de bienes y servicios, que a la fecha no han remitido los contratos de adhesión o formularios que utilizan para realizar sus negocios con la finalidad de iniciar acciones de amparo por ante el Tribunal Superior Administrativo, en procura de que se le obligue hacerlo por la mediante sentencia.
El documento fue recibido por la subdirectora de Pro consumidor, licenciada Rita Gonzáles y la encargada de Educación de la entidad, Alba de Moya. La directora de Pro Consumidor, al reunirlos en el salón multiuso de la entidad, agradeció el gesto de asumir con responsabilidad el derecho democrático de reclamo.
Al entregar el documento, Alfonsina Cuesta, vocero de las organizaciones de consumidores, manifestó que ese pedido se fundamenta en el mandato contenido en el párrafo uno del artículo 81 de la Ley 358-05 de fecha 9 de septiembre del 2005.
Dijo que ese artículo establece que los contractos deberán ser remitidos a la dirección ejecutiva de Pro Consumidor y recordaron que el artículo 2 de la ley 358-05 establece que las disposiciones referentes al derecho de los consumidores y usuario son de orden público.
Indicaron que la Constitución de la República en su artículo siete consagra la existencia de un Estado Social y Democrático de Derecho basado en el respecto a la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos. En el documento refiere tomar en cuenta que la Constitución en su artículo 111 establece de manera contundente que las leyes relativas al orden público, como lo es la Ley 358-05 obliga a todos los habitantes del territorio y no pueden ser derogadas por convenciones particulares, colocándola por encima de leyes ordinarias y leyes orgánicas Entre las organizaciones figuran la Asociación de Consumidores del Cibao (ADECONCI), Asociación y Usuarios de Santiago (ADECUPSA), Asociación de Consumidores de Moca ( ADEMOCA), Fundación por los Derechos del Consumidor (FUNDECOM), Asociación de Consumidores de Mao (ADECUMAO), Asociación de Consumidores de Navarrete (ADECONA), Comisión de Salud y Seguridad Social de Foro Ciudadano.
Además la Asociación de Consumidores de San Cristóbal (ADECONUSC), Asociación Dominicana para la Educación y Protección del Consumidor (ADEPROCO) Asociación de los Derechos del Consumidor del Distrito Nacional (ASOCODINA), Asociación de los Derechos del Consumidor (ADECOCI), Asociación de Consumidores de Los Alcarrizos (ADECUA), Asociación de Consumidores Y Usuarios de Samaná (ADECUS) Coordinadora de Consumidores y Usuarios de San Francisco de Macorís y la Fundación Pro Bien, entre otras.
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